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AYUDAS AL CARBÓN

Supondrá el incremento de los gases que provocan el cambio climático y el freno a otras energías más limpias

Las minas de carbón en España recibirán ayudas para continuar su producción. Las centrales térmicas tendrán primas para generar electricidad a partir del mineral de origen nacional. La decisión, que pretende apoyar a este sector en crisis, tiene diversos efectos negativos sobre el medio ambiente. Según sus detractores, al utilizar carbón aumentará la emisión de dióxido de carbono (CO2), un gas implicado en el cambio climático, así como otros efectos negativos en la naturaleza y la salud humana. También supone, señalan los críticos, perpetuar un modelo de producción energética insostenible que retrasa la implantación de otras fuentes más ecológicas

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que primará a las centrales térmicas que utilicen carbón nacional como combustible para la producción de electricidad, dentro del Plan Nacional del Carbón 2006-2012. Según sus responsables, es una norma "transitoria" que, como máximo, se extenderá hasta 2014.

Se aprueban unas subvenciones por valor de 275,3 millones de euros para cubrir de forma total o parcial las pérdidas de cinco empresas mineras de carbón: Unión Minera del Norte recibirá 81,6 millones de euros, Hulleras del Norte (Hunosa) 75,4 millones, Coto Minero Cantábrico 55,2 millones, Hullera Vasco-Leonesa 43,1 millones y Minera Catalana Aragonesa 19,9 millones.

Estas ayudas supondrán la emisión de unos 25 millones de toneladas adicionales de CO2 a la atmósfera

El carbón producido en estas empresas se quemará en diez centrales térmicas, que podrán generar un máximo de 27,5 Mwh (megavatios/hora). La producción de electricidad con este carbón autóctono supondrá a estas centrales unos 1.550 millones de euros, sin tener en cuenta la actualización anual de precios, que prevé un incremento máximo por ejercicio del 2% por Mwh.

Diversos expertos y responsables de colectivos ecologistas han criticado esta decisión por su considerable impacto ambiental y económico. La Agencia Internacional de la Energía (AIE), en la que participan los países más industrializados del mundo, señala que los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes porque fomentan el despilfarro, reducen la seguridad energética, impiden la inversión en fuentes de energía limpias y socavan los esfuerzos para hacer frente a la amenaza del cambio climático. Los responsables del AIE han criticado en concreto la decisión del Consejo de Ministros español por generar distorsiones en el mercado y aumentar las emisiones de CO2, implicadas en el calentamiento global.

El carbón es el combustible fósil más contaminante: genera más CO2 por unidad de energía producida que el petróleo y el gas natural. Según David Hammerstein, representante de Los Verdes en el Parlamento Europeo, el carbón en España aporta menos del 15% del total de la luz eléctrica, pero es el responsable de hasta el 27% de las emisiones de CO2.

José Santamarta, responsable del Instituto WorldWatch en España, asegura que por cada Kwh (kilovatio/hora) generado con carbón se emite un kilo de CO2. Por ello, estas ayudas supondrán la emisión de unos 25 millones de toneladas adicionales de CO2 a la atmósfera.


Luis González, coordinador de Ecologistas en Acción, resalta que estas ayudas van a dificultar aún más que España cumpla su compromiso del Protocolo de Kyoto: en la actualidad, es el décimo emisor mundial de gases de efecto invernadero, con unas emisiones per cápita superiores a países como Francia o Suecia. Y le ponen en una situación más comprometida ante futuros acuerdos internacionales, según González, ya que se prevé que se acometerán reducciones de emisiones todavía más drásticas.

Un tercio de este carbón procede de minas a cielo abierto, que tienen un considerable impacto medioambiental. La producción de residuos, la contaminación del suelo y el agua, la emisión de gases, polvo en suspensión o ruidos afecta al entorno natural y a la salud. Hammerstein recuerda que ha habido varias denuncias y sentencias judiciales contra estas actividades. La Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal Europeo de Justicia al Gobierno español por vulnerar la Directiva Hábitat en zonas de alto valor ambiental, dentro de la europea Red Natura 2000, como el Valle de Laciana (León).

 

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